La anarquía es total en esta demarcación y comienza desde las oficinas de la Secretaría de Movilidad; los regulares dicen confiar en que Rafael Elías Sánchez Cabrales ponga orden en la dependencia.
Eduardo Beltrán
Competencia ilícita, merma en los ingresos de los permisionarios de pochimoviles legales, que deriva en dificultad para un buen mantenimiento de las unidades e inseguridad para los usuarios, propicia la existencia de vehículos que no cumplen con la documentación completa y la debida autorización de las autoridades de la Secretaría de Movilidad.
De acuerdo con un sondeo entre los permisionarios de este popular servicio de transporte, en las Gaviotas Norte y Sur y todos sus sectores hay por lo menos 600 motocarros funcionando -de los llamados pochimóviles- de los cuales en promedio hay 300 en regla, y 300 entre irregulares y piratas.
En esta demarcación, se dice que los irregulares son los que iniciaron alguna vez su trámite, les dieron cromática y un permiso para circular por 60 días, pero se venció la fecha y no continuaron asistiendo a las oficinas de Movilidad para culminar y ser completamente legales.
Ahora bien, de plano los piratas son los que sin número y sin placas están circulando y brindando el servicio; no respetan las reglas, en ellos suceden incidentes delictivos y nadie los detiene -ni la policía, ni Movilidad-
Los dueños de los pochimóviles regulares dicen tener confianza en Rafael Elías Sánchez Cabrales, quien será el próximo secretario de Movilidad de acuerdo al nombramiento que le dio el gobernador electo, Javier May Rodríguez.
En fechas pasadas, Sánchez Cabrales prometió que lo primero que hará llegando es combatir la corrupción, la cual dicen los dueños de los motocarros regulares hay mucha, por ejemplo, cuando hacen operativos y solamente los detienen a ellos y los piratas pasan a un lado de los agentes “como si nada” y ni siquiera les hacen la parada, como si verdaderamente no existieran.
Los regulares tienen que pagar licencia (869 por dos años), gafete (869 por un año), refrendo cada año y cambio de unidades cada tres y cinco años.
“Los piratas cargan carros desde el 2013 y no les dicen nada; y hay modelos del 2007 y del 2008 también”, dicen los quejosos.
La corrupción que sucede en las calles y que presumen pasa también dentro de la Secretaría de Movilidad, hace mermar sus ganancias por hasta 200 y 300 pesos menos al día; y cuando hay operativos, si llegan a detener piratas, los llevan a otro sitio y se los vuelven a dar con un “arreglo”.
Los legales pagan además el seguro, a un precio de 3 mil 500 el más económico; de impuestos, más de 200 pesos mensuales en promedio; y el contador cobra entre 500 y 700 pesos mensuales.
Los inconformes manifiestan también que antes los operativos eran cada 15 o 30 días, pero dejaron de hacerlos, por lo que piden su reactivación, pero que sea contra los piratas solamente.
Sugieren además que desde Movilidad impriman las listas de los motocarros que comenzaron sus trámites y siguen a medias, para exhortarlos a que finalicen bien las cosas.
Otra cosa que piden es que las placas de las unidades sean delanteras y no traseras, a fin de que el usuario sepa desde un principio si está tomando un motocarro pirata, irregular o legal.
