El fiscal especializado en Control Regional, Germán Castillo Banuet, informó que plantearon a diputados una serie de propuestas para perfeccionar las leyes federales
Eduardo Beltrán
Germán Castillo Banuet, titular de la Fiscalía Especializada en Control Regional de la FGR, aseguró que los fiscales están de acuerdo con las decisiones del Congreso de la Unión si es que resuelven reformar la ley para que ellos sean elegidos por voto popular.
Recordó que el ofrecimiento del diputado Ricardo Monreal fue que después de la reforma al Poder Judicial, empezarían las reformas en las fiscalías.
En este sentido, dijo que ellos también plantearon un paquete de propuestas en la pasada reunión en Mazatlán, Sinaloa, relacionadas con el perfeccionamiento de las leyes federales, como lo son en materia de armas de fuego y explosivos, de tráfico de migrantes y de telecomunicaciones.
Comentó que también propusieron reformas al Código Procesal Penal, para incorporar nuevos tipos penales como el de desaparición forzada.
Asimismo, dijo que no buscarían con los legisladores mayor autonomía porque tienen la suficiente, asegurando que el tema con los diputados es más enfocado a mejorar las leyes porque existen complicaciones para la investigación por una serie de secretos legales.
En este sentido -refirió- que dichos secretos legales no son justificados en una diversidad de ocasiones, como el secreto en materia de telecomunicaciones.
“Las telefónicas no dan la información y además tiene muy poco tiempo de obligación de resguardar la información; hoy la telefonía es una fuente de información básica”.
Expuso que sobre las propuestas que ellos tienen, serán la Consejería Jurídica del Ejecutivo y el nuevo Congreso los que determinen si parecen viables.
Durante la Sesión Ordinaria de la Zona Sureste de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, reveló que la FGR tiene frenados 34 casos de Prisión Preventiva Oficiosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por controversias de la Corte Interamericana de Derechos humanos (CIDH).
“Son diferentes tipos de procedimientos constitucionales que pretenden la inaplicación de la Prisión Preventiva Oficiosa, basados en las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, describió.
Aun así, comentó que la Suprema Corte ha mantenido el concepto de ‘Supremacía Constitucional’, que obliga a la Prisión Preventiva Oficiosa.
