Ante una serie de excesos en que ha incurrido el gobierno, con la persecución de operadores de movilidad por aplicación, deudas con concesionarios y gasto excesivo del erario, debería liberarse el transporte, señaló Colegio de Abogados Tabasqueños; “se deben sentar ya las bases jurídicas para su modernización y que no sea el estado el inversionista”
Eduardo Beltrán
Ante una serie de excesos en que ha incurrido el gobierno en materia de transporte, con la persecución de operadores de movilidad por aplicación, deudas con concesionarios y gasto excesivo del erario, debería liberarse el transporte, opinó Sergio Antonio Reyes Ramos, miembro del Colegio de Abogados Tabasqueños.
En rueda de prensa, el fundador de este gremio señaló que hoy existe una crisis del servicio público de transporte en sus diversas modalidades que genera corrupción, por lo que debería cambiarse de sistema restringido a concesionarios a la amplia liberación como sucedió en Jalisco, o la transformación gradual como ha sucedido en estados del norte y del centro del país.
Calificó de exceso que se haya criminalizado la actividad del transporte en Tabasco desde 2019 con hasta nueve años de cárcel por la reforma al Artículo 317 del Código Penal del Estado, que lo que hace es propiciar la extorción a choferes y dueños de Uber, Didi y otras aplicaciones.
Dijo que se deben sentar ya las bases jurídicas para la modernización del transporte en Tabasco y que ya no sea el estado el inversionista, porque siempre opera en números rojos.
Recordó que desde los años 80 del siglo pasado se impuso un modelo que no ha logrado mejorar el transporte, mucho menos hacerlo rentable y eficiente, por lo que ya se debería pensar en estar acorde a la tendencia mundial de liberarlo.
Explicó que al contribuyente de Tabasco le cuesta más de 178 millones de pesos al año la Secretaría de Movilidad, la Administración Portuaria Integral y la Movilidad Integral de Tabasco, mientras que la clasificación funcional del gasto en el rubro de transporte tiene un costo de 408 millones de pesos.
“La liberación permitiría reasignar todo ese recurso hacia otros rubros prioritarios, así como lograr que el usuario elija su servicio a utilizar”, agregó el abogado.
