Y…50% de niños mexicanos en riesgo de Diabetes por no regular la comida chatarra en las escuelas del país
Agencias
La Alianza por la Salud Alimentaria ha denunciado que, de acuerdo con monitoreos que han realizado, 9 de cada 10 planteles de educación básica en el país siguen vendiendo chatarra y bebidas azucaradas.
Esto pese a que desde 2010 existen lineamientos que regulan su venta en las escuelas y pese a que en diciembre de 2023 esto se elevó a Ley, aunque la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha publicado los lineamientos respectivos para aterrizar la regulación en la práctica.
Desde el 17 de junio pasado venció el plazo para que esta dependencia los publicara, como lo dispone la Ley General de Educación, pero hasta el momento no lo ha hecho.
Diversas organizaciones de la sociedad civil y academia que integran la Alianza por la Salud Alimentaria, como el Poder del Consumidor, Salud y Nutrición con Ciencia y Slow Food México, alertaron que de no implementarse adecuadamente estos nuevos lineamientos en el próximo ciclo escolar, 500 mil niños, niñas y adolescentes más vivirán con obesidad.
Esta estimación la hace la Alianza basándose en un estudio que realizó desde 2014 el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), que, en ese entonces, realizó un modelo matemático para proyectar el impacto positivo al implementar efectivamente los Lineamientos vigentes en la materia y los resultados estimaron una reducción de nueve puntos porcentuales en la obesidad infantil en un año; es decir, 500 mil menores de edad menos con obesidad.
Escuelas no saludables en desacato
Liliana Bahena, coordinadora del Programa Mi Escuela Saludable en El Poder Del Consumidor, explica que en 2010, derivado del Acuerdo nacional para la salud alimentaria, estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, se crearon por primera vez los Lineamientos generales para el expendio de alimentos y bebidas en los planteles de educación básica, pero estos no se hicieron de carácter obligatorio.
“El tema con esos lineamientos es que cuando la industria alimentaria se entera que van a emitirse pide que se le escuche y entonces se le sienta en las mesas de discusión, así que al diseñarlos se hacen con conflicto de intereses y se permite la mini chatarra, además, la responsabilidad de implementarlos se deja no a las autoridades sino a comités de padres de familia; es decir que se hicieron inoperables en la práctica”, dice Bahena.
A esos lineamientos de 2010 se les hizo una actualización en 2014, misma que sigue vigente por la falta de publicación de los nuevos de SEP. Con esta actualización los lineamientos se hicieron obligatorios y se incluyeron sanciones.
Estos lineamientos señalan especificaciones en cuanto a porción y contenido calórico para la venta de alimentos. Bahena explica que esto implica que no se pueden vender productos como refrescos, refrescos light, leche de sabor con azúcares añadidos, botanas saladas, galletas, pastelitos,
Además, señalan que el refrigerio escolar deberá estar constituido por verduras y frutas, cereal integral (se recomienda consumir una porción de amaranto, avena o granola sin azúcar añadidos), oleaginosas (cacahuates, pepitas, chícharo seco, semillas de girasol, almendras, nueces) y leguminosas (garbanzos o habas secas sin sal), así como agua simple potable a libre demanda.
Con esa actualización de 2014 es que el INSP hizo el estudio en el que determinó que de aplicarse los lineamientos habría 500 mil niños, niñas y adolescentes menos con obesidad en el país.
Pero Bahena refrenda que una barrera importante para que se cumplan, además de la oposición de las industrias de bebidas y alimentos, es la falta de supervisión y las omisiones para llevarlos a la práctica.
Por ejemplo, la regulación marca que debe haber un Comité de Establecimientos de Consumo Escolar, conformado en su mayoría por madres y padres de familia, con apoyo de docentes y directivos, que será el encargado de desarrollar “las acciones relacionadas con la preparación, expendio y distribución de alimentos y bebidas en la escuela, de acuerdo con los criterios de una alimentación correcta”.
“En el 97% de las escuelas no está conformado este comité de padres de familia, al que además se le delega la responsabilidad de la implementación directa, y claro que los padres de familia podrían ser un acompañamiento importante en esto, pero no se les explica que hay que conformarlo, no se les da capacitación, no hay manuales, nada”, dice Bahena.
Una profesora que pidió no ser identificada aseguró a N+ que en efecto en su escuela no existe tal comité de padres de familia.
Sin vigilancia
Respecto de la supervisión y vigilancia del cumplimiento de los lineamientos, aunque la regulación señala que corresponde a SEP con apoyo de Salud, la investigadora advierte que las autoridades tienden a “echarse a bolita”.
50% de los niños mexicanos, en riesgo de diabetes por comida ‘chatarra’
Uno de cada dos niños mexicanos (el 50%) podría desarrollar diabetes en el futuro si no se garantizan ambientes escolares sanos, donde hay una invasión de productos ultraprocesados o “chatarra” pese a la existente legislación que regula su venta en las escuelas, advirtieron especialistas.
“De seguir la tendencia, uno de cada dos niños y niñas en México va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida y no hay sistema de salud que pueda enfrentar esta situación”, señaló en conferencia de prensa Alejandro Calvillo, director de la organización El Poder del Consumidor.
El problema, explicó, es que desde hace 10 años existe una regulación de alimentos y bebidas en las escuelas, pero no se cumple.
Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2019, el impacto económico de la obesidad y el sobrepeso en México representó un gasto aproximado de 26,000 millones de dólares.
Esto equivale a 5.3% del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que en 2020 en plena crisis económica y sanitaria por la COVID-19, incrementó a 6.2%.
Mauro Brero, jefe de nutrición en Unicef México, apuntó que, de no atenderse, el sobrepeso y la obesidad infantil representarán una fuerte carga para la economía y el desarrollo nacional estimada en 42,000 millones de pesos (2.480 millones de dólares) para los siguientes 65 años.
