El Colegio de Abogados Tabasqueños aseguró que la dependencia ha creado un mercado negro de sanciones y debería revisarse la ley porque los taxis por aplicación pagan impuesto a la Secretaría de Hacienda
Eduardo Beltrán
En estos momentos hay 250 vehículos particulares retenidos por la Secretaría Movilidad, aseguró el Colegio de Abogados Tabasqueños.
“Criminalizar hasta con nueve años de prisión el servicio de Uber o Didi, es un exceso; creo que no es el camino”, consideró Sergio Antonio Reyes, miembro de este gremio de juristas.
Dijo que, si los taxis por aplicación pagan impuestos, se debe hacer un registro de estos prestadores de servicio como en otros estados del país.
“El servicio de Uber es una actividad laboral y si ellos pagan impuestos, me parece que es un absurdo criminalizarlo, porque además no hay sentencias y sí hay extorsiones a diario; crearon un mercado negro de sanciones”, argumentó.
Explicó que existen sanciones desde los 20 mil hasta los más de 100 mil pesos, y 250 unidades de Uber y otras aplicaciones retenidas y 200 infracciones. “El problema es que las multas son elevadas y los carros permanecen encerrados”.
Sergio Antonio Reyes dijo que habría que revisar el rubro de sanciones administrativas porque los taxis por aplicación sí pagan impuestos ante la Secretaría de Hacienda, pero -repitió- amenazar con cárcel es un exceso.
“El estado tiene la facultad de regular el servicio, pero como parten del supuesto de que esa actividad debe ser concesionada, eso tiene restringida la prestación y eso realmente se convierte en un sistema de extorsión”.
