Aseguró que pueden expresar sus ideas con motivo de la reforma el Poder Judicial, si están fuera de servicio y de horario de trabajo
Eduardo Beltrán
El presidente del Poder Judicial, Enrique Priego Oropeza, descartó que se coarte a los integrantes de la institución los derechos a la libre manifestación de las ideas y de expresión con motivo de la reforma al Poder Judicial.
Entrevistado luego de atestiguar con el gobernador Carlos Manuel Merino Campos la sesión solemne de declaratoria de inicio del ejercicio constitucional y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones de la LXV Legislatura, negó que se haya prohibido a los servidores judiciales participar en las manifestaciones que mantienen trabajadores del Poder Judicial federal, pues a nadie se le coarta su libertad.
“Si están fuera de servicio, fuera de su horario de trabajo pueden asistir a donde quieran, en hora de trabajo si no está autorizado por el Consejo de la Judicatura no pueden ir, pero nosotros a nadie le coartamos la libertad, no se le restringe a nadie ese derecho”, aseveró.
Sobre la aprobación de la reforma al Poder Judicial federal, pidió esperar a que sea aprobada por el Senado y posteriormente pase a discusión y análisis en las legislaturas locales. “Hay que estudiarla y leerla bien antes de emitir alguna opinión”, recomendó.
Por otra parte, dijo que entregará las riendas de la institución a su sucesor, con la satisfacción del deber cumplido, los órganos jurisdiccionales en funcionamiento y en marcha el proceso de implementación de la reforma a la justicia civil y familiar, en el que se ha involucrado al foro jurídico y medios de comunicación, puntualizó.
Y subrayó que “vamos a entregar sin ninguna deuda, con toda la administración en orden, los juzgados bien, limpios, con la atención debida y el sello que en estos cinco años traté de poner”.
El magistrado Priego Oropeza indicó que todas las obras emprendidas durante su gestión “están cumplidas” y en funcionamiento.
No obstante, dijo que única tarea que quedará para la próxima administración es la implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civil y Familiar, toda vez que, por la falta de presupuesto, el cual no fue aprobado por la pasada Legislatura, no se habilitaron las primeras siete salas de oralidad en cinco municipios en los que arrancaría la reforma.
